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DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y …

RESOLUCI N 1/17 DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCI N 12 de septiembre de 2017 La LUCHA CONTRA la corrupci n guarda una relaci n inequ voca con el ejercicio y disfrute de los DERECHOS HUMANOS . La IMPUNIDAD impulsa y perpet a actos de corrupci n. Por ello, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligaci n imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los DERECHOS HUMANOS . En el contexto de la OEA, la LUCHA CONTRA la corrupci n tiene un rol importante en la implementaci n de compromisos fundamentales que los Estados miembros han asumido.

RESOLUCIÓN 1/17 . DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN . 12 de septiembre de 2017 . La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de

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1 RESOLUCI N 1/17 DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCI N 12 de septiembre de 2017 La LUCHA CONTRA la corrupci n guarda una relaci n inequ voca con el ejercicio y disfrute de los DERECHOS HUMANOS . La IMPUNIDAD impulsa y perpet a actos de corrupci n. Por ello, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligaci n imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los DERECHOS HUMANOS . En el contexto de la OEA, la LUCHA CONTRA la corrupci n tiene un rol importante en la implementaci n de compromisos fundamentales que los Estados miembros han asumido.

2 Como reafirma la Carta Interamericana: Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los DERECHOS HUMANOS [..] [y] el acceso al poder y su ejercicio con sujeci n al estado de derecho [..] Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gesti n p blica, el respeto por los DERECHOS sociales y la libertad de expresi n y de prensa . La Comisi n observa con preocupaci n c mo el flagelo de la corrupci n afecta a diferentes pa ses de la regi n. En ese sentido, la Comisi n reafirma la importancia que tiene la LUCHA CONTRA la corrupci n para garantizar el goce efectivo de los DERECHOS HUMANOS , en especial de los DERECHOS econ micos, sociales, culturales y ambientales, cuya efectividad depende de pol ticas y presupuesto p blicos.

3 Es con base en la relevancia de dicha LUCHA y los compromisos relacionados a la protecci n de los DERECHOS HUMANOS en la regi n que la CIDH decidi emitir la presente resoluci n con fundamento con el art culo de la Convenci n Americana sobre DERECHOS HUMANOS . La situaci n que se vive en Guatemala en los ltimos d as ejemplifica la importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales, y que el ejercicio del poder se sujete al Estado de derecho . Pocas semanas despu s de realizar su visita in loco a Guatemala para verificar la situaci n de los DERECHOS HUMANOS en el pa s, la CIDH tom conocimiento de la decisi n del Presidente de la Rep blica de Guatemala, Jimmy Morales, el 27 de agosto de 2017, de declarar persona non grata a Iv n Vel squez, Comisionado titular de la Comisi n Internacional CONTRA La IMPUNIDAD en Guatemala (CICIG)1, y ordenar su expulsi n del pa s.

4 1 La CICIG es un rgano independiente e internacional, creado en 2006 mediante un acuerdo entre la Organizaci n de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, cuyo objeto es combatir la IMPUNIDAD provocada por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el pa s, la cual afecta gravemente los DERECHOS HUMANOS fundamentales. El mandato de la CICIG est compuesto por objetivos principales se alados en el acuerdo de creaci n que incluyen: determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos y posible vinculaci n con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atente CONTRA los DERECHOS civiles y pol ticos en Guatemala; colaborar con el Estado en la desarticulaci n de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigaci n, persecuci n penal y sanci n de los delitos cometidos por sus integrantes.

5 Y recomendar al Estado de Guatemala la adopci n de pol ticas p blicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparici n, incluyendo las reformas jur dicas e institucionales necesarias para este fin. Acuerdo entre la Organizaci n de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisi n Internacional CONTRA La IMPUNIDAD en Guatemala (CICIG), 12 de diciembre de 2006. 2 La CIDH reconoce el rol trascendental de la CICIG en la LUCHA CONTRA la corrupci n en Guatemala a trav s de la desarticulaci n de redes criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio P blico, as como en el apoyo en la capacitaci n y promoci n de reformas legales tendientes a una mayor eficacia de la justicia conforme a su mandato.

6 A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas evidencian el presunto involucramiento de funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores del pa s en actos il citos de corrupci n, algunos de los cuales ya se encuentran bajo proceso penal. La CIDH observa que la decisi n de expulsar al Comisionado titular de la CICIG ocurri a pocos d as de hacerse p blico una denuncia sobre otro caso de corrupci n que involucrar a nuevamente a altas autoridades, incluyendo al propio Presidente de la Rep blica. En este sentido, dicha decisi n pone en entredicho el compromiso del Gobierno guatemalteco expresado a la CIDH durante su visita in loco en relaci n con los DERECHOS HUMANOS y la necesidad de combatir la corrupci n.

7 La CIDH enfatiza que una justicia independiente e imparcial es indispensable para el combate efectivo a la IMPUNIDAD y a la corrupci n. Asimismo, subraya el importante papel del control ciudadano que desempe an los jueces, fiscales, defensores de DERECHOS HUMANOS , los denunciantes, los periodistas y los medios de comunicaci n en la investigaci n y denuncia de corrupci n. En este sentido, es con particular preocupaci n que la CIDH recibi informaci n en estas semanas sobre amenazas y ataques CONTRA jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicaci n y personas defensoras de DERECHOS HUMANOS por su labor de investigar y difundir informaci n relativa a estos casos de corrupci n y sobre los grupos de poder detr s del ataque a las instituciones del sistema de justicia.

8 La CIDH toma nota que el 29 de agosto de 2017, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorg el amparo definitivo solicitado por el Procurador de DERECHOS HUMANOS en favor del Comisionado Iv n Vel squez, con lo cual queda sin efecto la decisi n tomada por el Presidente de la Rep blica[1]. Por otro lado, observa que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio tr mite a la solicitud de antejuicio CONTRA el Presidente de la Rep blica. El 11 de septiembre de 2017, el Congreso de la Rep blica resolvi no retirar la inmunidad al mandatario, con lo cual se cierra la posibilidad de que sea investigado por los hechos de corrupci n denunciados.

9 La crisis pol tica desatada en el pa s tras el pronunciamiento del Presidente origin la salida de varios Ministros de Estado y de algunas autoridades que impulsaron o colaboraron con la visita de la CIDH a Guatemala. Asimismo, miles de personas participaron en manifestaciones p blicas por la decisi n del Presidente. En su seguimiento a la situaci n de DERECHOS HUMANOS en el pa s, la Comisi n observ las consecuencias de la corrupci n, que afecta no s lo la legitimidad de sus gobernantes y los DERECHOS de las personas gobernadas, sino en forma profunda al erario nacional, de por s insuficiente para satisfacer los requerimientos de la ciudadan a en materia de alimentaci n, salud, trabajo, educaci n, vida digna y justicia.

10 De igual modo, se al que la corrupci n, junto con la IMPUNIDAD , el crimen organizado, la intolerancia y la violencia pol tica, as como la exclusi n social de diversos sectores, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de derecho y [1] Corte de Constitucionalidad, Expediente 4182-2017, 29 de agosto de 2017. 3 restringen el pleno goce de los DERECHOS HUMANOS que la Convenci n Americana reconoce a toda persona. Las consecuencias son particularmente graves para las personas, grupos y colectividades hist ricamente excluidas, en especial para quienes viven en situaci n de pobreza y pobreza extrema en el pa s.


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