INICIATIVA CIUDADANA DE LEY GENERAL DE …

1 1 INICIATIVA CIUDADANA de ley GENERAL de responsabilidades administrativas Redactores Josefina Cort s Campos (ITAM)* Max Kaiser Aranda (IMCO) Jos Rold n Xopa (CIDE) Grupo de expertos participantes Agust n Acosta Azc n (Abogado penalista) Eduardo Boh rquez L pez (Transparencia Mexicana) Leticia Bonifaz Alfonzo (Abogada especialista) Jes s Cant Escalante (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey) Mar a Amparo Casar P rez (CIDE y Mexicanos contra la Corrupci n) Marco Fern ndez Mart nez (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, M xico Eval a) Sergio Huacuja Betancourt (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de M xico) Sergio L pez Ayll n (CIDE) Jos Octavio L pez Presa (Causa en Com n, ) Mauricio Merino Huerta (CIDE y Red por la Rendici n de Cuentas) Lourdes Morales Canales (CIDE y Red por la Rendici n de Cuentas) Alfonso O ate Laborde (Academia Mexicana de Protecci n de Datos Personales) Juan Pardinas Carpizo (IMCO) Rodrigo Roque D az (Abogado penalista)

2 Pedro Salazar Ugarte (IIJ- UNAM) Colaboradores Mercurio Cadena Meza (exalumno ITAM) Ricardo Corona (IMCO) Fernanda Diez- Torres (CEEY) Pedro Gerson (IMCO) Eileen Matus (CIDE) Paula Sof a V zquez S nchez (abogada de la UNAM) Ana Mar a Zorrilla Noriega (ITAM) Coordinador Enrique C rdenas S nchez (CEEY) * Trabaj en este proyecto hasta el 14 de enero de 2016 2 INICIATIVA CIUDADANA de ley GENERAL de responsabilidades ADMINISTRATIVAS EXPOSICI N DE MOTIVOS I. Presentaci n La reforma constitucional en materia de combate a la corrupci n publicada en el Diario Oficial de la Federaci n el 27 de mayo de 2015, deber ser desarrollada por dos leyes generales y diversas leyes federales y de las entidades federativas.

3 Las leyes generales que expresamente son referidas por la reforma corresponden; la primera, a la distribuci n de competencias entre los rdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores p blicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos en que stos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, as como a los procedimientos para su aplicaci n. La segunda Ley GENERAL deber establecer las bases de coordinaci n del Sistema Nacional Anticorrupci n a que se refiere el art culo 113.

4 3 La corrupci n como problema p blico es complejo y el conocimiento de sus manifestaciones es condici n necesaria para establecer instrumentos legales e institucionales que sean eficaces y efectivos en su combate. La reforma constitucional referida abre la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado que la corrupci n sea percibida por la sociedad como una pr ctica extendida y sistem tica en el ejercicio de la funci n p blica. Con tal prop sito, la INICIATIVA de ley GENERAL de responsabilidades Administrativas que se propone, presenta en sus disposiciones una estructura normativa que, junto con la Ley GENERAL del Sistema Nacional Anticorrupci n, deber establecer las bases adecuadas para sistematizar una pol tica y acciones de alcance nacional.

5 Si bien las dos leyes generales referidas son los pilares normativos sobre los que se sustentar el combate a la corrupci n, para su efectividad se requerir que la legislaci n ordinaria relacionada sea coherente y arm nica. A las leyes generales, se agregan, las leyes que regulen la organizaci n y facultades de la Auditor a Superior de la Federaci n y las dem s que normen la gesti n, control y evaluaci n de los Poderes de la Uni n y de los entes p blicos federales; la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonom a para dictar sus fallos y que establezca su organizaci n, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

6 Y las adecuaciones a la Ley Org nica de la Administraci n P blica Federal, con el objeto de que la Secretar a responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma constitucional. As mismo, tanto el Congreso de la Uni n como las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el mbito de sus respectivas competencias, deber n expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

7 El desaf o requiere que la legislaci n que desarrolle la reforma constitucional parta de una pol tica p blica completa, articulada y coherente: deben tener un solo hilo conductor y una visi n com n en todos y cada uno de sus contenidos. 4 Las leyes deben proveer herramientas necesarias para cumplir el cometido de combatir las causas que han generado el incremento de la corrupci n en M xico La corrupci n es uno de los principales problemas p blicos en M xico. De acuerdo con el ndice de percepci n de 2015 de Transparencia Internacional, el pa s se ubica en el lugar 95 de 1651 en un orden descendente de los menos a los m s corruptos.

8 El Banco de M xico y el Banco Mundial coinciden en que la corrupci n equivale al 9% del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de $347 mil millones de pesos al a o2. Ante el reto de revertir la situaci n descrita, la legislaci n debe evitar y, por el contrario, corregir la fragmentaci n normativa e institucional que ha propiciado la ineficacia de los distintos componentes en el combate a la corrupci n. La pol tica nacional de combate a la corrupci n debe estar en la articulaci n de las normas y de las instituciones destinadas a combatir ese fen meno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad.

9 En consecuencia, la Ley GENERAL de responsabilidades debe establecer las bases normativas que permitan, en el mbito administrativo, prevenir, combatir y castigar la corrupci n con eficacia. Para tal efecto, debe considerarse que en la corrupci n se presentan necesariamente sujetos que tienen una posici n de poder y, por tanto, que deciden o influyen sobre los decisores y que violan deberes propios de su posici n en la gesti n del inter s p blico obteniendo beneficios indebidos. 1 2 V ase de A.

10 Casar, M xico: Anatom a de la Corrupci n, CIDE- IMCO, 2015, p. 43. 5 En la corrupci n hay una apropiaci n del poder recibido y violaci n del deber. Al sujeto involucrado, le es asignado un deber en funci n de la posici n que asume en el servicio p blico o en la relaci n jur dico- p blica en la que realiza la actividad (puede ser una relaci n de concesionario o en el manejo de recursos p blicos, sin reunir la calidad de servidor p blico) y respecto de la cual recaen obligaciones de cuidado y de logro de objetivos en beneficio de la sociedad.