LOS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PARA ...

1 LOS REQUISITOS DE ACREDITACI N DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORESNORMATIVAS AUTON MICAS SOBRE RATIOS Y FORMACI N M NIMA DEL PERSONAL PARA RESIDENCIAS PRIVADAS PARA PERSONAS MAYORESDICIEMBRE DE 2010 LOS REQUISITOS DE ACREDITACI N DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORESNORMATIVAS AUTON MICAS SOBRE RATIOS Y FORMACI N M NIMA DEL PERSONAL PARA RESIDENCIAS PRIVADAS PARA PERSONAS MAYORESDICIEMBRE DE 2010 Antonio Molina SchmidAbogadoAsesor Jur dico de la Federaci n LaresLares Lares Federaci n de RESIDENCIAS y Serivicios de Atenci n a los Mayores - sector solidario-Edita: Lares Federaci nDise o y Maquetaci n: Virginia Agudo P rezImprime: Gr ficas Arias Montano, sito Legal: M-13191-2011 Los REQUISITOS de acreditaci n de RESIDENCIAS para personas mayores NDICE:I.

2 INTRODUCCI N 5II. CONTENIDO, NATURALEZA JUR DICA Y OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO DE 2008 SOBRE CRITERIOS COMUNES DE ACREDITACI N 7 III. TABLAS COMPARATIVAS DE LOS ACTUALES REQUISITOS PARA LA ACREDITACI N DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES, EN CADA COMUNIDAD AUT NOMA Andaluc a 10 Arag n 12 Canarias 13 Cantabria 15 Castilla La Mancha 21 Castilla y Le n 21 Catalu a 22 Extremadura 24 Galicia 24 Islas Baleares 25La Rioja 26 Comunidad de Madrid 27Pa s Vasco 28 Comunidad Foral de Navarra 28 Comunidad Valenciana 29 Principado de Asturias 33 Regi n de Murcia 35 ANEXOSA.

3 R gimen de reconocimiento de las cualificaciones profesionales en Espa a, por Mar a Jos Mart n Fern ndez, T cnica de Formaci n de la Fundaci n LARES 37 B. Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditaci n para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonom a y Atenci n a la Dependencia (SAAD), de 27 de noviembre de 2008 (BOE de 17 de diciembre de 2008) 49 C. Normativa y otros instrumentos legales estatales que desarrollan la ley 39/2006, de dependencia 57 3 LaresLos REQUISITOS de acreditaci n de RESIDENCIAS para personas mayoresI.

4 INTRODUCCI NCuando vamos a comenzar el quinto a o de vigencia de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci n de la Autonom a Personal y Atenci n a las personas en situaci n de dependencia, coloquialmente denominada Ley de Dependencia , su desarrollo y aplicaci n est n pasando por un momento muy delicado. Al problema de la disputa jur dica-competencial entre el Estado y las Comunidades Aut nomas, una cuesti n presente desde el primer momento, ahora se ha a adido una intensa crisis econ mica, que, en la medida en la que restringe los recursos econ micos disponibles, ha venido a producir una importante tensi n adicional en este proceso de desarrollo y aplicaci n.

5 Singularmente, dentro de este contexto, debe destacarse el pol mico Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditaci n para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonom a y Atenci n a la Dependencia (SAAD), de 27 de noviembre de 20081. Vayamos por partes:El planteamiento legal se basa sobre el concepto de acreditaci n: S lo las RESIDENCIAS acreditadas pueden acceder a la concertaci n de plazas p blicas2 o acoger a personas beneficiarias de la, as denominada, prestaci n econ mica vinculada al servicio3.

6 Las dem s RESIDENCIAS , aunque est n autorizadas por la Administraci n P blica competente para funcionar como tales, quedar n al margen del Sistema para la Autonom a y Atenci n a la Dependencia, SAAD. Y, en principio, podr a pensarse que s lo algunos pocos centros muy especiales van a poder permitirse el lujo de mantenerse al margen del Sistema, por ejemplo, los complejos residenciales de alto standing para personas mayores, que, sobre todo, se ecuentran en zonas tur sticas, cuya clientela, generalmente extranjeros con gran capacidad econ mica, no tienden a ser beneficiarios de la Ley de Publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2008, p gs.

7 50722 y Partimos de la base de que nos encontramos ante un aut ntico servicio p blico, en sentido t cnico, ya que la actividad, aqu , la atenci n a las personas en situaci n de dependencia, debe ser garantizada por la Administraci n P blica, aun cuando, al igual que ocurre con la Educaci n o la Sanidad, su realizaci n no conlleve un r gimen de monopolio a favor de sta. Auque antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, de una u otra forma, ya exist a este servicio p blico, la diferencia es que ahora se ha universalizado su disfrute en toda Espa a, frente a la situaci n anterior, en la que el servicio p blico quedaba limitado a los beneficiarios que pod an ser definidos seg n las correspondientes normativas de servicios sociales.

8 En general, la prestaci n o gesti n de los servicios p blicos por parte de la Administraci n P blica puede realizarse de manera directa o indirecta, siendo la concertaci n una de las posibles modalidades de gesti n indirecta. Como concepto, el concierto o concertaci n consiste en la contrataci n administrativa de servicios p blicos con una persona natural o jur dica que venga realizando prestaciones an logas a las que constituyen el servicio p blico de que se trate, por ejemplo, con una residencia de mayores privada, con o sin fines Realmente, a la vista de c mo se est n desarrollando las cosas, la prestaci n econ mica vinculada al servicio ha resultado ser, por decirlo as , la soluci n favorita de las Administraciones P blicas.

9 A juzgar por el alto porcentaje en el que se est concediendo a los beneficiarios de la Ley. Seg n el IV dictamen del Observatorio de la Dependencia (Centro de Investigaci n Polibienestar de la Universitat de Val ncia- EG, diciembre 2010), la prestaci n econ mica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales ha alcanzado un porcentaje del 58%. Pero, seg n la definici n legal, que seguidamente se reproduce, este recurso s lo deber a ser utilizado como recurso excepcional:Art culo 17 de la Ley de Dependencia, Prestaci n econ mica vinculada al servicio:1.

10 La prestaci n econ mica, que tendr car cter peri dico, se reconocer , en los t rminos que se establezca, nicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio p blico o concertado de atenci n y cuidado, en funci n del grado y nivel de dependencia y de la capacidad econ mica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administraci n General del Estado y la correspondiente Comunidad Aut Esta prestaci n econ mica de car cter personal estar , en todo caso, vinculada a la adquisici n de un Las Administraciones P blicas competentes supervisar n, en todo caso, el destino y utilizaci n de estas pres-taciones al cumplimiento de la finalidad para la que fueron n el art culo de la Ley de Dependencia, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Aut nomas y de la Administraci n General del Estado, se establecer n, en el mbito del Consejo Territorial4, la fijaci n de criterios comunes de acreditaci n de centros.