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1 MINISTERIO DE JUSTICIA ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO P BLICO DE JUSTICIA EXPOSICI N DE MOTIVOS I El sistema de JUSTICIA de nuestro pa s padece desde hace d cadas de insuficiencias estructurales, algunas de las cuales sin justificaci n, que han dificultado que ocupe plenamente el lugar que merece en una sociedad avanzada. No hay duda de que en algunos puntos del sistema puede haber d ficit de recursos que haya que corregir, pero no parece que esta sea la causa principal de nuestros problemas cr nicos, derivados m s bien de la escasa eficiencia de las soluciones que sucesivamente se han ido implantando para reforzar la Administraci n de JUSTICIA como servicio p blico.
2 Ello solo es as cuando se considera de esta manera, cuando la JUSTICIA se percibe por la ciudadan a como algo propio, como algo cercano, eficaz, entendible y relativamente r pido. Con palabras del constitucionalismo moderno, este servicio p blico precisa de legitimidad social tanto como de eficiencia. Legitimidad como grado de confianza y credibilidad que el sistema de JUSTICIA debe tener para nuestra ciudadan a; y eficiencia como capacidad del sistema para producir respuestas eficaces y efectivas.
3 Se trata, por tanto, de afianzar que el acceso a la JUSTICIA suponga la consolidaci n de derechos y garant as de los ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento como servicio p blico se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformaci n digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administraci n de JUSTICIA . En estos momentos en los que la sociedad sufre el impacto de una crisis en el mbito de la sanidad que ha hecho temblar las seguridades y los derechos que estaban ya consolidados , con un impacto en la econom a, en la vida social y en la vida empresarial de gran magnitud y en pleno desarrollo de la sociedad tecnol gica, es necesario adem s adaptar las estructuras de la JUSTICIA .
4 2 Primero, para poder hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales; despu s, para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio p blico eficiente y justo a la ciudadan a; y, finalmente, para incorporar los nuevos valores de interdependencia, de solidaridad y de humanismo entre los que la JUSTICIA es la espina dorsal y el elemento imprescindible de la paz social. En este contexto, tambi n es responsabilidad de la ciudadan a contribuir a la sostenibilidad del servicio p blico de JUSTICIA .
5 La JUSTICIA emana del pueblo, como tambi n radica en el mismo el sentido de lo justo, por lo que se ha de propiciar la participaci n de la ciudadan a en el sistema de JUSTICIA . Ya se hace en el mbito penal con la instituci n del jurado, y es conveniente tambi n abrir la JUSTICIA civil, social -e inmediatamente despu s la contencioso-administrativa- a los ciudadanos para que se sientan protagonistas de sus propios problemas y asuman de forma responsable la soluci n m s adecuada de los mismos, especialmente en determinados casos en los que es imprescindible buscar soluciones pactadas que garanticen, en lo posible, la paz social y la convivencia.
6 A dicha situaci n se a ade la necesidad coyuntural de introducir mecanismos eficientes que resultan imprescindibles para acoger el previsible incremento de la litigiosidad en los pr ximos tiempos y para recuperar el pulso de la actividad judicial a la reanudaci n de los plazos y t rminos procesales tras la terminaci n del primer estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia COVID-19, sin perjuicio de las reformas en las leyes procesales que se introducen en el presente texto legal como medidas de agilizaci n de los procedimientos en los distintos rdenes jurisdiccionales, vinculadas en alguna ocasi n a las correlativas y necesarias modificaciones en leyes sustantivas.
7 Dichas medidas de agilizaci n procesal se introducen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882; en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci n Contencioso-administrativa; en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci n Social; y en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci n Voluntaria. II El T tulo I de la ley contiene un gran bloque de reformas, concretamente las que se refieren a la inserci n en nuestro ordenamiento jur dico, al lado de la propia jurisdicci n, de otros medios adecuados de soluci n de controversias, como medida que, m s all de la coyuntura de ralentizaci n inicial y previsible incremento posterior de la litigiosidad como consecuencia de la pandemia y la declaraci n del estado de alarma.
8 Se considera imprescindible para la consolidaci n de un servicio p blico de JUSTICIA sostenible. Con la introducci n de estos mecanismos, ya consolidados en el derecho comparado, se cumple la m xima de la Ilustraci n y del proceso codificador: que antes de entrar en el templo de la JUSTICIA , se ha de pasar por el templo de la concordia. En efecto, se trata de potenciar la negociaci n entre 3 las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y son igualmente adecuados para la soluci n de la inmensa mayor a de las controversias en materia civil y mercantil.
9 El servicio p blico de JUSTICIA debe ser capaz de ofrecer a la ciudadan a la v a m s adecuada para gestionar su problema. En unos casos ser la v a exclusivamente judicial, pero en muchos otros ser la v a consensual la que ofrezca la mejor opci n. La elecci n del medio m s adecuado de soluci n de controversias aporta calidad a la JUSTICIA y reporta satisfacci n al ciudadano. En este contexto cobran importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en espacios compartidos.
10 Con los m todos alternativos o adecuados de soluci n de controversias se incrementa el protagonismo de las profesiones jur dicas, especialmente por el papel negociador de los abogados que se garantiza en todo caso, pero tambi n de los procuradores de los tribunales, los mediadores, los graduados sociales, los notarios y los registradores de la propiedad, entre otros profesionales. Especialmente se toma en consideraci n que el C digo Deontol gico de la Abogac a Espa ola establece como prioritaria, y caracter stica de la actuaci n profesional, la funci n de la concordia, junto a la obligaci n de procurar el arreglo entre las partes.
