S : I. Corrupción y violación de derechos fun- damentales ...

1 1 CORRUPCI N JUDICIAL E IMPUNIDAD: EL CASO DE M XICOM iguel Ca r b o n e l l*Su m a r i o: I. Corrupci n y violaci n de derechos fun- damentales . II. Una visi n internacional. III. Medi-das a tomar y Co r r u p c i n y v i o l a c i n d e d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e sLa peor consecuencia de la corrupci n judicial en M xico consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad signi-fica, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupci n de los distintos agentes involucra-dos en el sistema judicial: polic as, ministerios p blicos o fiscales, jueces y responsables de las c rceles.

2 Seg n algunas estimaciones, la llamada cifra negra (com-puesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad) alcanza al 75% del total de delitos cometidos en M xico. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se de-nuncian. Del 25% de delitos que s son denunciados solamente se concluye la investigaci n ministerial en el , pero se pone a alguna persona a disposici n de los jueces solamente en el del total de delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos so-* Investigador en el Instituto de Investigaciones Jur dicas de la CARBONELL2lamente llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del ,1 lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%.

3 Como suele suceder en el mbito de los estudios sobre la co-rrupci n, no hay cifras exactas que nos permitan medir con preci-si n las diferentes manifestaciones de la corrupci n en el sistema judicial mexicano,2 pero tenemos algunos estudios que ponen en evidencia su alcance y nos permiten aventurar algunas hip tesis anal por ejemplo, tenemos datos sobre la ineficacia de la poli-c a y la violaci n de los derechos de las personas detenidas, lo que permite suponer un grado importante de corrupci n entre los cuerpos polic acos y los encargados de la investigaci n de los de-litos.

4 De acuerdo con una encuesta aplicada a poblaci n peniten-ciaria, la mayor a de las detenciones realizadas por la polic a con motivo de la comisi n de un hecho delictivo son realizadas en el mismo momento de cometerse el hecho o durante las siguientes tres horas. El 48% de los encuestados declar haber sido detenido a escasos minutos (menos de 60) de la comisi n del delito. Otro 22% fue detenido entre la segunda hora (minuto 61 en adelante) y las 24 horas Es decir, el 70% de los detenidos lo fueron con menos de 24 horas de distancia respecto a la comisi n del delito.

5 Estos datos, adem s de poner en evidencia la falta de capacidad de investigaci n de la polic a, permiten concluir que si las detenciones no son realizadas en el momento mismo de cometer el hecho delictivo, es probable que los responsables no lleguen nunca a ser detenidos; una de las causas para ello son las 1 Todas las cifras de este p rrafo est n tomadas de la muy importante obra de Guillermo Zepeda Lecuona, Crimen sin castigo. Procuraci n de justicia pe-nal y Ministerio P blico en M xico, M xico, FCE, CIDAC, 2004, p. Una visi n general sobre el fen meno puede encontrarse en carbonell , miguel y V zquez, Rodolfo (coords.)

6 , Poder, derecho y corrupci n, M xico, IFE-ITAM-Siglo XXI, Bergman, Marcelo (coord.), Delincuencia, marginalidad y desempe o institucional. Resultados de la encuesta a poblaci n en reclusi n en tres enti-dades de la Rep blica mexicana, M xico, CIDE, 2003, p. N JUDICIAL E IMPUNIDAD: EL CASO DE M XICO3 negociaciones que los particulares pueden hacer con la propia polic a, a trav s de la pr ctica de actos de corrupci otro lado, cuando una persona es puesta a disposici n de una autoridad judicial se suele generar un escenario de violaci n de derechos fundamentales, que en muchos casos deriva en ac-tos de corrupci n.

7 Tambi n sobre esto existen algunos datos que refuerzan lo que se acaba de decir. Por ejemplo, el 71% de los detenidos en el Distrito Federal no tuvo asistencia de abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio P bli-co; del 30% que s tuvo asistencia de abogado, la gran mayor a (70%) no pudo hablar con l a solas. Ante el juez que conoci de la acusaci n en su contra, el 60% de los detenidos no fue-ron informados de que ten an derecho a no declarar. Durante su declaraci n preparatoria ante la autoridad judicial uno de cada cuatro detenidos no estuvo asistido de El 80% de los detenidos nunca habl con el juez que lo conden ; el juzgador no estuvo presente durante la declaraci n del detenido (ya en sede judicial) en el 71% de Desde luego, la Constituci n mexi-cana reconoce el derecho a la asistencia de abogado desde el mo-mento de la detenci n, as como el derecho a no declarar de los detenidos (art culo 20).

8 Por su parte, los c digos de procedimien-tos penales exigen la inmediatez del juez, es decir, su presencia durante el desahogo de las diligencias una persona detenida no tiene acceso a un abogado es muy f cil que pueda sucumbir a presiones para ofrecer dinero a los funcionarios de la polic a. Si posteriormente el juez no est presente cuando se interroga al detenido, es probable que esas pre-siones se reproduzcan o incluso que se incrementen, ya sea para arrancar indicios que permitan resolver el caso o para que el dete-nido prefiera arreglar el asunto por medios extraoficiales.

9 Quiz los datos anteriores justifiquen el baj simo nivel de con-fianza que la sociedad tiene en las instituciones encargadas de la justicia en M xico. Las encuestas m s recientes, tanto las que se 4 Zepeda Lecuona, Guillermo, op. cit., nota 1, pp. 252 y Bergman, Marcelo (coord.), op. cit., nota 3, p. CARBONELL4aplican a poblaci n abierta como las que recogen las opiniones de quienes trabajan cotidianamente en el mbito de la justicia, parecen reflejar sin duda alguna esos bajos niveles de confianza en jueces y tribunales. As por ejemplo, en la Encuesta Nacional sobre Cultura Pol tica y Pr cticas Ciudadanas, levantada por la Secretar a de Gobernaci n en noviembre y diciembre de 2001, solamente el de los encuestados dijo tener mucha con-fianza en la Suprema Corte, lo cual ubica al m ximo tribunal del pa s por debajo de los niveles de confianza que la gente tiene en las autoridades locales o municipales, en los medios de comu-nicaci n, en las grandes empresas o en las agrupaciones de ciu-dadanos.

10 La Corte, en el nivel de confianza de los encuestados, est ligeramente arriba de los sindicatos y las organizaciones no En otra encuesta, en la que se entrevistaron a 60 mil ciudadanos en todo el pa s, el 67% de los encuestados dijo tener algo o nada de confianza en la Suprema Corte, contra el 6% que dijo tenerle mucha confianza .7 Tiene raz n H ctor Fix-Fierro cuando afirma que, la imagen de la justicia en la prensa, la opini n p blica o incluso en el me-dio de la profesi n jur dica, es y ha sido en general, desfavo-rable, y pareciera reflejar una crisis persistente y difundida.